El diputado nacional Pablo Yedlin advirtió en una entrevista radial que el DNU-2023-70 que firmó el presidente de la Nación Javier Milei el pasado 21 de diciembre quiebra el concepto de que en la Argentina la Salud es un Derecho y enumeró algunos puntos clave del paquete de desregulación que promueve. “Por ejemplo, se le quita la regulación al costo de las prepagas. O sea, a partir de ahora las prepagas pueden aumentar sin control, ya aumentaron un 40%. Hay cinco grandes prepagas en la Argentina que tienen más del 50% de las personas que usan este sistema de salud o esta manera de financiamiento”, explicó.
Y alertó que “si nosotros no lo regulamos en una situación inflacionaria como la que tenemos, sin referencia clara de precios, y donde no ha habido aumentos salariales se pone a las personas en una situación de mucha precariedad”, argumentó Yedlin.
Por otro lado señaló que
“Va a haber personas que no podrán acceder. Tendrán que optar por el sector público de salud. Esto a su vez va a necesitar que el sistema público de salud de la Argentina se vigorice, que aumente su capacidad. Todo lo contrario a lo que está pasando con un gobierno que ha decidido no invertir en salud, no hacer obras públicas en salud, ni generar mejoras”
El diputado argumentó que “este DNU ha suprimido lo que es la Red Nacional de Laboratorios de fabricación pública de medicamentos, que son más de 30. Le habían permitido al Ministerio de Salud de la Nación comprar medicamentos a precios muy convenientes. Por ejemplo, morfina, metadona, los del programa Remediar, los del programa de salud sexual y procreación responsable. Al desaparecer este incentivo hacia los laboratorios de función pública, nos vamos a quedar solo con los laboratorios privados, y la competencia que había en precio va a desaparecer”.
El diputado explicó que “inclusive hay medicamentos que la industria ha decidido ya no fabricar, son medicamentos huérfanos, por ejemplo hay algunos medicamentos para el Chagas, que la industria no quiere hacer, porque las zonas que tienen Chagas son muy pobres. Estos laboratorios de gestión pública nos daban soberanía y autonomía”.
Por otro lado Yedlin explicó que a partir del “se quita el control sobre los nuevos instrumentales médicos que se instalan como resonadores, tomógrafos, que tenían un sistema de control estatal en la Argentina. Ahora cualquiera podrá poner un tomógrafo, no requiere habilitación, y lo único que tiene que hacer, es ver si los tomógrafos están en el listado de los equipos permitidos. Antes se auditaba antes de que empiecen a funcionar”.
Pablo Yedlin anticipó que “si bien es un tema que debe definir la Corte Suprema de Justicia en algún momento, el DNU tiene muchas características que no cumplen con los requisitos de constitucionalidad”.
Sobre el proceso que deberá seguir explicó que el decreto “debe llegar a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que todavía no está constituida para que se fije la legalidad o no del DNU”
Según Yedlin “la comisión tendrá que dar un dictamen ya sea por la afirmativa de que el DNU es válido o por la negativa diciendo que el DNU no puede ser aprobado. Luego eso pasa por las dos cámaras, y ahí se aprueba o se rechaza. Si es rechazado en ambas cámaras pierde jerarquía legal y si es aprobado al menos en una de ellas se establece ya como una ley. Mientras se da ese proceso el DNU tiene validez legal”.